El ensañamiento judicial de Goya contra Leonardo Cositorto: el show punitivo que sepultó la solución económica

Detrás del veredicto del tribunal correntino se esconde un historial de decisiones que, según el entorno del fundador de Generación Zoe, priorizó el castigo y la espectacularidad penal antes que el derecho de los damnificados a recuperar su dinero.

El bloqueo del acuerdo reparatorio: castigo antes que resarcimiento

El punto de mayor tensión y que mejor refleja la rigidez del foro de Goya ocurrió durante las primeras etapas del debate oral. En una instancia clave, la defensa de Cositorto —encabezada en ese momento por Guillermo Dragotto— y los abogados de las querellas presentaron un convenio de reparación patrimonial.

La oferta de resarcimiento: Se ofreció una compensación económica estimada en miles de dólares para saldar las demandas de los 98 ahorristas locales vinculados a la causa. El pacto contaba con el consentimiento explícito de los denunciantes, quienes veían así una vía rápida para recuperar sus capitales.

La negativa fiscal y del tribunal: Pese al acuerdo entre privados, los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo impugnaron la medida bajo el argumento de que "el interés público trascendía al de los particulares". El Tribunal de Juicio —presidido por Ricardo Carbajal— avaló la postura fiscal, bloqueó la homologación del arreglo y ordenó continuar el juicio penal a como diera lugar.

Para la defensa, esta negativa desnudó el verdadero interés de la estructura judicial de Goya: sostener una condena ejemplificadora y un show punitivo para las cámaras, quitándole de las manos a los propios ciudadanos la posibilidad real de cobrar sus acreencias.

La selectividad del banquillo y el rol de los operadores locales

Otro de los ejes cuestionados por los equipos legales de Cositorto, liderados recientemente por la abogada Aixa Petriati, apunta a la llamativa selectividad de las imputaciones en el feudo goyano:

El circuito local eximido: Generación Zoe no contaba con sedes corporativas directas ni cuentas bancarias centrales en Goya. Toda la operatoria de captación, manejo de fondos en efectivo e incluso transacciones con vehículos y motos estuvo a cargo de un dinamizador local, Jonathan Vargas.

Declaraciones clave en el juicio: Según trascendió de las audiencias, el propio Vargas admitió haber actuado de forma autónoma y haber administrado de primera mano la captación del dinero. Sin embargo, la Fiscalía de Goya decidió excluirlo de la acusación de asociación ilícita, concentrando toda la carga de la coautoría penal exclusivamente sobre Cositorto y sus colaboradores principales de Buenos Aires..

El contraste con la Ciudad de Buenos Aires

El accionar de la justicia correntina contrasta de manera directa con los criterios aplicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Siendo Buenos Aires el domicilio legal, la sede corporativa de la firma y el epicentro de la mayor cantidad de presentaciones a nivel nacional, la justicia de instrucción de dicha jurisdicción nunca dictó prisiones preventivas ni consideró necesarias detenciones de esa escala durante el proceso instructivo, optando por desglosar técnicamente los instrumentos del fideicomiso antes que forzar figuras de criminalidad organizada a nivel provincial.

A pesar de que las instancias de apelación locales y nacionales ratificaron formalmente las actuaciones ordinarias de Corrientes, el caso de Goya queda registrado por la defensa como un claro ejemplo de cómo la justicia del interior forzó un veredicto de culpabilidad, cerrándole la puerta a una salida conciliatoria que beneficiaba a los propios damnificados.